Raúl Magallón. Profesor de la Universidad Carlos III
La desinformación es un problema cada vez más integrado en la geopolítica internacional y que necesita tanto de respuestas locales como globales.
Sin embargo, el primer desafío de los próximos años están en la recuperación de la confianza en las instituciones democráticas y en la capacidad de respuesta de los parlamentos, gobiernos, sector privado o sociedad civil ante el auge de estas narrativas divisivas.
La desinformación tiene un impacto en la credibilidad depositada por la ciudadanía en las instituciones y en los agentes sociales que puede acabar afectando al progreso de los sectores económicos, científicos, culturales y sociales de nuestro país.
El debate no es si los periodistas son más importantes que nunca, sino su evidente importancia en la defensa y desarrollo de la democracia actual.
En la medida en que la desinformación es una amenaza global que se adapta a contextos locales y necesita respuestas locales en un marco de coordinación europea y global, es importante tener en cuenta que no sólo los medios sino también los representantes políticos, las plataformas tecnológicas y, en ocasiones, actores extranjeros pueden amplificar el problema.
En este nuevo escenario, el ejercicio del periodismo y de la comunicación, en general, es un pilar democrático frente a la desinformación y se debe ajustar al compromiso social de informar con datos, fuentes contrastables y hechos.
Los medios de comunicación y el periodismo deben estar entre las soluciones y respuestas a este problema de confianza que afecta a la calidad de vida de la ciudadanía.
Los medios de comunicación y el periodismo deben estar entre las soluciones y respuestas a este problema de confianza que afecta a la calidad de vida de la ciudadanía.
Durante los próximos meses se debatirá en el Congreso de los Diputados el Plan de Regeneración Democrática impulsado por el actual Gobierno de España. Ese plan ha de incluir medidas que afectan a la puesta en marcha del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, que ha de implantarse en todos los países miembros de la UE y que tiene que entrar en vigor antes del 8 de agosto de 2025.
Se trata de una normativa que puede tener gran importancia en el desarrollo democrático, mediático, cultural, económico y social de nuestro país durante la próxima década.
Por esta razón, y porque la concreción de las propuestas será fundamental para su éxito, debemos subrayar que las soluciones y respuestas a este fenómeno pasan por la colaboración y cooperación entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.
Respuestas concretas, además de propuestas y soluciones coordinadas, son fundamentales para que todos los actores implicados se sientan participes de esta nueva normativa, puedan entender las limitaciones prácticas y la complejidad de los detalles de la misma y se consiga mejorar el texto final.
Una sociedad comprometida con la verdad será siempre una sociedad más democrática, más fuerte y con un futuro en común más prometedor.